Con la finalidad de salvaguardar los derechos a la seguridad, a la privacidad, a la intimidad y a la integridad de todas las personas ante el creciente uso particular de los drones, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa en materia de aviación civil.
En conferencia de prensa, la legisladora indicó que el uso de drones tiene gran utilidad social y económica al ampliar “las posibilidades de llevar a cabo actividades que conllevan un beneficio social relevante, en materia de salud, de investigación científica, de visualización de riesgos, de reconocimiento cartográfico, entre muchas otras”.
Sostuvo que son aeronaves pilotadas a distancia por un control remoto y que sus ventajas “obedecen a que no son tan caros como un avión, reducen el riesgo humano de volar, tienen una menor contaminación, son operativos a distancia, son precisos, en ocasiones ayudan en la aplicación de la ley”.
Por ello, Hernández Pérez planteó la necesidad de tener una “regulación apropiada para garantizar que el uso de drones sea seguro, prevenir riesgos y hacerlos compatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas” debido a que también se utilizan para actividades ilícitas.
Y recalcó que su iniciativa propone reformar la Ley de Aviación Civil al introducir la definición de dron y establecer las obligaciones de los propietarios como: tener autorización o certificación por la Autoridad Aeronáutica, póliza de seguro, no invadir la privacidad de las personas, no interferir ni sobrevolar el espacio aéreo controlado y operar a la distancia y altura autorizados.
Puntualizó que se busca “contribuir a establecer una regulación responsable, garantizar la libertad y la imaginación en el uso de estos aparatos, procurando establecer un equilibrio entre libertad, riesgos y responsabilidad”.
Ante la importancia del tema, la diputada federal resaltó que también el Ejecutivo federal envió una iniciativa para regular el uso de drones desde el punto de vista del combate a la delincuencia y propone reformar el Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer sanciones de hasta 60 años de prisión a quienes utilicen drones con fines ilícitos o para transportar explosivos.