Martí Batres, jefe de gobierno, durante un encuentro en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para que en el próximo período de sesiones ordinarias aprueben la reforma que propuso.
Esta reforma implica pena de cárcel para aquellos involucrados en actividades ilegales de tala, en un esfuerzo por controlar este delito.
En sus palabras a Fausto Zamorano, presidente de la Mesa Directiva del congreso local, Batres señaló la importancia de esta iniciativa al recordar cómo abordó el tema desde el comienzo de su mandato.
Subrayó la necesidad de una respuesta firme a las actividades clandestinas de tala, haciendo hincapié en que 28 sitios de tala ilegal y 32 operaciones de procesamiento de madera sin licencia han sido cerrados bajo su administración.
Este llamado se realizó durante un evento en el que se dieron a conocer los detalles de una reforma aprobada por el congreso local en relación al artículo 17 de la Constitución local, la cual resultó en la eliminación del término “suelo rural”, reemplazándolo con los conceptos de “suelo de conservación” y “suelo urbano”.
La reforma propuesta por Batres también implica la implementación de castigos más severos para aquellos involucrados en actividades de tala clandestina, estableciendo un rango de penas de seis meses a 20 años de prisión.