La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer que serán prioritarios y de interés público los programas sociales destinados a reducir la vulnerabilidad de las mujeres, derivada de la brecha de género.
Asimismo, que la Política Nacional de Desarrollo Social tenga como propósito reducir, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, las carencias sociales de los grupos en situación de vulnerabilidad empleando, entre otras opciones, las acciones afirmativas.
Además, que las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, que fomenten las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos, destinen acciones afirmativas para reducir la brecha de género, en particular reconocer las desventajas que enfrentan las familias encabezadas por mujeres.
También, estipula que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, contemplen lineamientos para la medición de la pobreza de las familias con perspectiva de género, comparando las desventajas entre familias encabezadas por mujeres.
La iniciativa, turnada a la Comisión Bienestar, refiere que “México tiene un número considerable de jefas de familia y su situación resulta preocupante, debido a que enfrentan un panorama desigual e injusto, producto de un sistema sexo/género que produce condiciones y posiciones sociales diferenciadas entre hombres y mujeres”.
Las jefas de familia, añade, tienen “doble trabajo”, ya que deben encargarse del papel económico y, al mismo tiempo, ocuparse de la crianza de los hijos, lo que provoca un desgaste físico y emocional mayor.
Agrega que existe un mundo laboral injusto porque hay una valorización diferenciada que se ve reflejada en los salarios y trabajos ofertados. Por ello, regularmente las mujeres ingresan en el “trabajo informal”, lo que reduce su potencial de crecimiento y exacerba la desigualdad, tal como se refleja en la ausencia de seguridad social, seguro de vida, prestaciones y bonos.
Ante ello, indica la legisladora, las reformas a la Ley General de Desarrollo Social tienen la finalidad de incorporar a las jefas de familia como un grupo prioritario de atención para la política social, para que la autoridad correspondiente diseñe y ejecute acciones y programas encaminados a reducir sus carencias sociales, principalmente en su ingreso, acceso a una vivienda digna y reconocimiento de sus actividades remuneradas.