José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), destacó la necesidad de una mayor inversión por parte del Gobierno de México para que el litio se convierta en un mineral rentable.
El Gobierno mexicano solicitó al Congreso un presupuesto de 9.8 millones de pesos para su empresa estatal, Litio para México (LitioMx), que representa su primera asignación de fondos en año y medio.
A pesar de su importancia en la cadena de valor del litio, especialmente en la fabricación de baterías, esta falta de estructura financiera plantea desafíos.
En adición a este presupuesto, el Gobierno también anunció una inversión de 36.8 millones de pesos hasta 2024 para actividades de exploración de litio a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Sin embargo, Gutiérrez considera que esta inversión es insuficiente y que se requieren mayores recursos.
El presidente de la Camimex argumenta que el personal del SGM trabaja de manera limitada y que, aunque han identificado zonas con yacimientos de litio, aún no se sabe si estos serán rentables.
Afirma que se necesitan estudios exhaustivos y muestreos adicionales, lo que implica una inversión mucho mayor.
Según la Camimex, de cada mil indicaciones de mineralización, solo uno se convierte en una mina después de un proceso que implica prospectos y exploración avanzada.
En contraste, en 2022, los afiliados a la Camimex invirtieron 422 millones de dólares en exploración, más de diez veces la asignación gubernamental para esta labor.
El sector minero también contribuye significativamente a los ingresos fiscales en México, con impuestos totales pagados por un valor de 72.924 millones de pesos en 2022.
Además, Gutiérrez destacó que la Secretaría de Economía debe presentar un nuevo reglamento de la Ley Minera en noviembre y que la industria minera ha presentado propuestas para ser consideradas en la elaboración de estos nuevos lineamientos.
Finalmente, Gutiérrez resaltó la preocupación sobre el conflicto en la mina Peñasquito, que ha afectado sus operaciones durante cuatro meses y ha llamado la atención de Estados Unidos.
Este conflicto tiene un impacto significativo en el sector minero, que representó el 2.4% del PIB nacional y el 8.6% del PIB industrial en 2022.