Takagui LoComenta

Desde octubre de 2018, cuando se dio el primer portazo fronterizo en Chiapas, desde donde entraron de un primer sopetón más de tres mil migrantes, ya se veía venir una crisis humanitaria con motivos migratorios y a pesar de todo, no se tomaron las medidas correspondientes.

De por si, en México, ni en la época del neoliberalismo priista, ni del panista y ahora menos con la supuesta izquierda morenista, ha existido una política migratoria adecuada, pero ahora el problema es que todas las instancias migratorias gubernamentales han sido rebasadas para tramitar cualquier tipo de estancia de extranjeros en el país.

A lo largo de la historia, especialmente en la postguerra, las grandes migraciones se experimentaron en todo el mundo, la diáspora se convirtió en un grave problema, al grado que la Organización de las Naciones Unidas promovió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951.

Con ello se trató de proteger a las personas que salían huyendo de sus tierras en busca de la protección internacional, con motivos de violencia, raza, religión, credos políticos y discriminación, con toda una serie de garantías preservar la vida de estas personas que huyeron.

En diciembre 2018 frente a la perspectiva de un crecimiento descontrolado de las migraciones en el mundo, especialmente en la región latinoamericana y del Caribe, con destino a Estados Unidos se la ONU emitió el Pacto Mundial sobre los Refugiados, con lo cual se trazó el camino para la implementación de un nuevo marco internacional y para obtener beneficios tangibles en favor de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida.

A pesar de todo ello, el gobierno del presidente López Obrador, lejos de comenzar a diseñar una Política de Estado que permitiera atender y canalizar los flujos migratorios, les dijo a las caravanas migrantes que “aquí los recibimos con los brazos abiertos y les vamos a dar empleo”.

Lo peor de todo es que apenas en esta semana volvió a prometer empleos para los migrantes, cuando no existen suficientes plazas de trabajo para los mexicanos, es obvio que no les van a ofrecer plazas de un nivel regular, incluso es posible que se les contrate, de ser así, con una situación de precariedad laboral inhumana.

Se estima que en los primeros ocho meses del año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha recibido una cantidad récord de solicitudes de refugio, principalmente provenientes de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero el principal problema es que para procesar esas cien mil solicitudes, se requeriría de muchos años.

Y es que para acreditar la condición de refugiado, se debe cumplir con una serie de requisitos, con entrevistas personales con cada persona, por parte de los funcionarios de la COMAR, proceso que tarde de 20 a 30 días, si no hay complicaciones, pues toda la información que se obtiene de las entrevistas, se debe corroborar a través de las instancias diplomáticas.

Se espera que al finalizar este año se hayan recibido más de 150 mil solicitudes de refugio, que la COMAR, instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación deberá procesar, sin tomar en cuenta que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene que procesar todas las entradas y el tránsito de muchos miles más de migrantes que no quieren quedarse en territorio nacional, sino que su objetivo es llegar, a como dé lugar, a Estados Unidos.

Las condiciones migratorias en las ciudades fronterizas del sur, como en el norte, ya comienzan a generar problemas, como en la capital del país. En el sur, como en Tapachula, Chiapas, hay unos 20 mil migrantes viviendo en las calles y espacios públicos, en espera de que se les de un documento que les permita transitar por el territorio nacional.

En la Ciudad de México, en la calle de Versalles, colonia Juárez, hay miles de personas en espera de ser atendidos para que les reciban sus solicitudes de la condición de refugiado y en el norte, tanto en Ciudad Juárez, como en Matamoros, Piedras Negras, y a lo largo de los tres mil kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, las calles, parques y albergues han sido rebasados en sus capacidades, por la alta demanda de servicios.

Revuelo

“La Bestia”, el tren que corre desde el sur del país con destino a los Estados Unidos, tuvo que detener sus operaciones, causando pérdidas de 40 millones de pesos diarios por la parálisis de los vagones con las mercancías, porque la empresa ferroviaria determinó que se corre muchos riesgo que pone en peligro la vida de los migrantes.

Se dijo que en sus patios de carga, de movimientos de vagones, hay de tres a cuatro mil personas en espera de poder subir a un tren, muchos de ellos lo hacen cuando ya se encuentran en marcha, otros llevan a niños desde recién nacidos hasta 10 o 12 años que deben ser auxiliados por sus padres para poder subir al lomo de La Bestia.

No se ve para cuándo haya acciones concretas del gobierno de AMLO; no hay una política migratoria adecuada, no existen opciones para atender al creciente número de personas que piden permiso para avanzar y otros tantos que piden refugio, de continuar esta tendencia, al finalizar el presente año, gran parte de las calles de las principales ciudades del país estarán abarrotadas por los migrantes.

Urge que se definan políticas de atención, retorno voluntario y apoyo para dictaminar la condición de refugiados, al presidente AMLO no se le ve preocupado por esta situación, pero antes de que acabe su gobierno, la crisis humanitaria le puede estallar, incluso antes de que se realicen las elecciones del mes de junio próximo año.