María del Rocío Corona Nakamura, diputada del PVEM, planteó modificar el párrafo decimoquinto del artículo 4o de la Constitución Política con el objeto de reducir de 68 a 65 años la edad para recibir por parte del Estado una pensión no contributiva.
La iniciativa, remitida a la comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, y a la de Atención a Grupos Vulnerables para opinión, señala que son acreedoras de este beneficio las personas mayores de “65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización con domicilio en la República Mexicana”.
En la exposición de motivos señala que el gobierno ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los adultos mayores, prueba de ello es que en mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que agregó en el artículo cuarto Constitucional un párrafo que establece que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley.
Por ello, precisa, el objetivo de la reforma es armonizar la edad establecida en el texto constitucional para recibir este tipo de apoyo a partir de los 68 años de edad, a la estipulada actualmente en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal, que es a los 65 años de edad.
Además, agrega, ha aplicado a nivel nacional, el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país, con el fin de contribuir a su bienestar a través de la entrega de una pensión no contributiva que permita el acceso a la protección social.
Gracias a este programa se apoya de manera directa a 11 millones 56 mil 534 adultos que reciben una pensión de 4 mil 812.50 pesos de manera bimestral, menciona.
La iniciativa de la diputada Corona Nakamura afirma que con la reforma se beneficiará, ayudará y motivará a los adultos mayores en la conquista y acceso a mejores oportunidades de vida, desarrollo y movilidad.
Refiere que no se puede asumir este esfuerzo como una propuesta de forma, sino más bien como la atención a una deuda pendiente y añeja de la sociedad con este sector. “No se deben cerrar los ojos, ni cruzar los brazos en cuanto a apoyarlos, cuidarlos y protegerlos”.