La diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, puso a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para cancelar las líneas telefónicas que son utilizadas para realizar llamadas de extorsión.
El proyecto de decreto busca modificar la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para robustecer la lucha en esta materia.
En primera instancia, expresó la diputada, se propone reformar el marco legal que rige a la FGR para que esta instancia de procuración de justicia requiera obligatoriamente y de manera mensual a los concesionarios, la cancelación de estas líneas telefónicas y del propio teléfono.
Además, continuó, se propone una adición a la ley de telecomunicaciones a efecto de que se proceda de inmediato en dar efecto a dichas cancelaciones y a la inhabilitación permanente de los equipos o dispositivos terminales móviles.
La diputada informó que en 2021 nuestro país registró una cifra récord de 9 mil 407 víctimas de extorsión, lo que representó un incremento en esta materia del 12,3 por ciento respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 8 mil 380 afectados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Comentó los extorsionadores eligen como víctimas por igual a estudiantes, amas de casa o empresarios, debido en mucho a la falta de un mecanismo que obligue a las autoridades a coordinarse con los concesionarios para lograr la inutilización remota de números IMEI, y números telefónicos asignados a chips de prepago.
Expresó que las cifras oficiales visibilizan una realidad que apunta a ser, al menos, cien veces más grave, pues muchos de los casos no se denuncian ante la autoridad, al tiempo que el crimen organizado diversifica sus mecanismos mientras las víctimas se enfrentan a laberintos burocráticos y promesas de justicia.
Puntualizó que, sólo en la Ciudad de México, anualmente se realizan 3.7 millones de llamadas de extorsión, de las cuales 7 mil diariamente provienen de centros penitenciarios a pesar de que en la mayoría se han instalado sistemas de bloqueo de teléfonos celulares.
Manifestó que a través de la iniciativa se complementa un vacío normativo que quedó pendiente desde la expedición de la norma federal en materia de telecomunicaciones, al tiempo que se vuelve obligatorio para la Fiscalía actuar en consecuencia bajo la implementación de una acción viable y tecnológicamente posible.