Sustentabilidad

Necesaria una nueva ley de Cambio Climático en México

México fue uno de los primeros países en dictar una Ley General de Cambio Climático en
naciones en vías de desarrollo, aunque con “muchos vacíos” que impiden acelerar las
acciones para resolver las problemáticas inherentes al fenómeno, advirtió José Juan
González Márquez, investigador del Departamento de Derecho de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), plantela ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

El especialista en derecho ambiental señaló que si se revisara el marco jurídico en la
materia para “saber a qué nos obliga, encontraremos que a nada”.
Incluye planes, programas, organismos y comités, pero carece de normatividad y la
mayoría de las disposiciones que, por ejemplo, obligan a las empresas que contaminan a
cumplir ciertas obligaciones relacionadas con el recalentamiento de la Tierra están
desarticuladas con las leyes generales de Equilibrio Ecológico, de Residuos y Forestal de
Desarrollo Sustentable, entre otras.

Frente a este panorama es necesario proponer una reforma constitucional que establezca
claramente que se trata de un asunto que debe ser atendido por una legislación secundaria,
lo que requeriría de una propuesta de nueva ley no general ni que se limite a señalar
políticas, sino que sea regulatoria.
Una futura legislación deberá retomar obligaciones dispersas ya en las leyes que reportan y
controlan emisiones, e integrar el comercio de servicios medioambientales, la absorción de
emisiones mediante pagos, el secuestro y captura de carbono y el uso de energías limpias,
entre otras.

La intención es impulsar un cambio de paradigma, pero “el problema es que nos da miedo
ir hacia delante y nos mantenemos siempre en la línea tradicional, incluso los abogados,
que necesitamos ser más efectivos e innovar para enfrentar estos casos que son de ahora y
que no van a solucionarse con mecanismos antiguos”.

El cambio climático demanda que los líderes del mundo encabecen esta batalla a través de
la transformación de los tratados internacionales y el reconocimiento de los derechos
domésticos para hallar salidas, una situación que ahora “parece imposible, mientras el señor
Donald Trump –quien ha dicho que no cree en el cambio climático– siga en la presidencia
de Estados Unidos”, por lo que de nada servirá que las naciones con menos incidencia en el
fenómeno se pongan de acuerdo, si las que contribuyen más al problema no quieren hacer
nada.

Por su parte, la doctora Diana Ramírez Soto, especialista también en desarrollo, seguridad
alimentaria y el sector agropecuario de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), dijo que el cambio climático es la mayor amenaza del siglo XXI y difícil
de resolver si se toman en cuenta sus características globales asimétricas.
América Latina y el Caribe han contribuido en menor medida a la emisión de gases de
efecto invernadero y en el futuro se espera que estén entra las regiones más vulnerables por
su posición geográfica y fragilidad económica, debido a lo cual están involucradas en la
solución por la vía de los procesos de mitigación.

El desarrollo económico en dichas zonas ha estado basado en el incremento de la industria
y las exportaciones de bienes o recursos naturales renovables y no renovables, que si bien
han arrojado un saldo positivo para la población, también derivaron en externalidades
negativas por el cambio de uso de suelo y la quema de combustibles fósiles.
China produce 16 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, igual que
Estados Unidos; Brasil, Indonesia y Rusia, en conjunto producen 16 por ciento; la Unión
Europea 12 por ciento; India, Japón y Canadá 19 por ciento; México, Corea del Sur y

Australia cuatro por ciento; Irán, Ucrania y Nigeria tres por ciento; Venezuela Sudáfrica y
Turquía, otro tres por ciento y el resto de naciones 20 por ciento.

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